El pasado 6 de abril de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”) resolvió, por mayoría, la constitucionalidad de la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera “UIF”) para ordenar el congelamiento de cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa, en el marco de la acción de inconstitucionalidad 58/2022.
Este criterio representa un cambio relevante respecto de precedentes anteriores, al ampliar el alcance de actuación de la UIF más allá de supuestos estrictamente vinculados a solicitudes de autoridades extranjeras y consolidar un enfoque en el que el congelamiento de activos se configura como una medida administrativa de carácter preventivo, susceptible de ejecutarse de manera inmediata.
En este sentido, la SCJN reconoce a la UIF un margen de actuación más amplio dentro del sistema de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, permitiendo la adopción de medidas con impacto directo en la disponibilidad de recursos sin intervención judicial previa, bajo la lógica de protección del sistema financiero.
No obstante, este nuevo entendimiento también supone una reconfiguración del equilibrio entre las facultades del Estado y los derechos de los particulares, al trasladar el control de legalidad a una etapa posterior, lo que genera implicaciones constitucionales relevantes, particularmente en materia de debido proceso, derecho de audiencia y seguridad jurídica.
La decisión tiene implicaciones significativas para instituciones financieras, intermediarios, fiduciarios y participantes del sistema financiero en general, particularmente en lo que respecta a la ejecución inmediata de instrucciones de autoridad, la gestión de riesgos operativos y reputacionales, así como el diseño de estrategias legales oportunas frente a medidas restrictivas.
I. Naturaleza de la Medida: Preventiva y Administrativa
La facultad de la UIF para instruir el bloqueo de cuentas se inserta en el marco normativo de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, particularmente en la Ley de Instituciones de Crédito (“LIC”) y en las disposiciones de carácter general que articulan la integración y operación de la Lista de Personas Bloqueadas.
La SCJN sostuvo que el congelamiento de cuentas constituye una medida cautelar de carácter administrativo, cuyo objetivo es proteger la integridad del sistema financiero y prevenir la realización de operaciones ilícitas.
En este contexto:
- No implica una determinación de responsabilidad penal;
- No sustituye las facultades del Ministerio Público; y
- Se justifica como una medida urgente dentro del esquema de prevención.
II. Ampliación del Alcance de la UIF
A partir de este criterio, la UIF cuenta con un margen de actuación más amplio, al poder:
- Ordenar el congelamiento de cuentas sin orden judicial previa;
- Actuar con base en indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo; y
- Ejercer sus facultades dentro de un esquema preventivo administrativo, incluso sin una solicitud internacional directa.
Este cambio implica una expansión relevante de sus facultades operativas.
III. Ausencia de Control Judicial Previo y Defensa Posterior
Uno de los elementos más relevantes del criterio es que el congelamiento de cuentas puede ejecutarse sin intervención judicial previa, quedando el control de legalidad para una etapa posterior.
Las personas afectadas deberán:
- Acudir a los mecanismos administrativos correspondientes ante la UIF; y/o
- Impugnar la medida.
Esto implica que la restricción al acceso a los recursos ocurre antes de una revisión judicial por parte de una autoridad competente.
IV. Tensiones Constitucionales
Durante la discusión del asunto, se identificaron diversas tensiones constitucionales relevantes, particularmente en relación con:
- El derecho de audiencia;
- El debido proceso;
- La seguridad jurídica; y
- La posible afectación al derecho de propiedad.
Si bien la SCJN validó la medida, estos elementos continúan siendo relevantes para efectos de la impugnación de un acto de autoridad en aplicación del artículo 116 Bis 2 de la LIC.
V. Implicaciones para el Sistema Financiero
El criterio adoptado tiene efectos inmediatos en la operación del sistema financiero:
a) Ejecución obligatoria
Las instituciones financieras deberán cumplir de manera inmediata con las instrucciones de congelamiento emitidas por la UIF.
b) Impacto operativo
El congelamiento puede generar:
- Interrupción de flujos de efectivo;
- Incumplimientos contractuales; y
- Afectaciones reputacionales significativas.
c) Mayor exposición regulatoria
Se incrementa la relevancia de:
- Sistemas de prevención de lavado de dinero;
- Monitoreo de operaciones; y
- Evaluación continua de clientes y contrapartes.
VI. Áreas de Riesgo y Consideraciones Estratégicas
En la práctica, pueden presentarse escenarios en los que se amplíe el alcance de las facultades de la UIF mediante la vinculación de casos nacionales con marcos de cooperación internacional.
En este contexto, resulta clave:
- Analizar la debida fundamentación y motivación de las medidas; y
- Diseñar estrategias legales oportunas y técnicamente sólidas.
VII. Recomendaciones Prácticas
A la luz de este nuevo criterio, recomendamos a los participantes del sistema financiero:
- Revisar y fortalecer protocolos internos frente a órdenes de bloqueo de cuentas;
- Asegurar la adecuada trazabilidad y documentación de operaciones; y
- Revisar estrategias legales inmediatas para la atención de medidas restrictivas
VIII. Medios de Defensa y Estrategias Legales Disponibles
Ante el bloqueo de cuentas bancarias, la LIC establece un procedimiento administrativo interno ante la UIF, en el que se deberá emitir una resolución donde se decida sobre la eliminación del bloqueo realizado.
A su vez, existen elementos de defensa que pueden ser implementados y sobre los que podremos abundar en caso de ser necesario.
IX. Consideraciones Finales
La resolución de la SCJN consolida un modelo en el que las autoridades pueden imponer medidas restrictivas de manera inmediata, desplazando el control judicial a una etapa posterior de revisión.
Este esquema, de naturaleza eminentemente preventiva, privilegia la capacidad de reacción del Estado frente a riesgos asociados al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo, permitiendo la adopción de medidas con efectos inmediatos sobre la disponibilidad de recursos y la operación de los participantes del sistema financiero.
Sin embargo, este rediseño del equilibrio entre potestades administrativas y control judicial plantea cuestionamientos relevantes desde una perspectiva constitucional, particularmente en relación con la ausencia de un control previo, la posible afectación desproporcionada a los derechos patrimoniales de los particulares y la carga que implica para los afectados tener que activar mecanismos de defensa de manera reactiva.
