Las actividades económicas sobre las que incide el Decreto (entre otras) incluyen la construcción, la manufactura, el sector energético, la gestión de residuos, así como cualquier otra que tenga un impacto significativo sobre los ecosistemas locales.
La nueva Ley Ambiental de la Ciudad de México (“LACM”) actualiza los esquemas de participación ciudadana para hacerlos compatibles con el Acuerdo de Escazú ("Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, a la Participación Pública y a la Justicia en Asuntos Ambientales") que tiene como objetivo implementar los “derechos de la democracia ambiental” en Latinoamérica y el Caribe.
Innovaciones
1.- Instrumentos y Procedimientos Mejorados: La LACM incluye nuevas autorizaciones específicas y requisitos estrictos para proyectos que puedan causar daños ambientales. Además, se implementan mecanismos de compensación económica destinados a la restauración de las áreas afectadas, asegurando que los recursos sean utilizados de manera eficiente y transparente.
2.- Protección y Gestión de Áreas de Valor Ambiental: Se establecen en la LACM categorías específicas como: i) Bosques Urbanos; ii) Cinturones Verdes; iii) Barrancas; y iv) Cuerpos de Agua. Cada una de estas categorías tiene procedimientos definidos para su declaración y manejo, lo que facilita su conservación y uso sustentable. Esta especificación contrasta con la Ley Abrogada, que no distinguía con claridad entre diferentes tipos de áreas verdes. Se establecen restricciones más estrictas para actividades en estas zonas, con procedimientos de autorización que incluyen evaluaciones más rigurosas y plazos para su cumplimiento.
3.- Participación Ciudadana y Transparencia: Se fortalece la participación ciudadana en la gestión ambiental, promoviendo la inclusión de la sociedad en la toma de decisiones y asegurando que la información sobre proyectos y políticas ambientales esté disponible al público en general.
4.- Fondo Ambiental: El Fondo Ambiental en la LACM está destinado a financiar proyectos de restauración, conservación y manejo sostenible de los recursos naturales. Este fondo se alimenta de contribuciones de empresas cuyas actividades impactan el medio ambiente, sanciones administrativas y otras fuentes establecidas por la ley. Las industrias ahora tienen la obligación de contribuir económicamente al Fondo Ambiental. Esto implica un nuevo costo operativo para las empresas, ya que deben asignar recursos para cumplir con esta obligación. La contribución al fondo es proporcional al impacto ambiental de sus actividades.
5.- Dictamen de Impacto Social: Ahora con la LACM se requiere un análisis obligatorio para evaluar las repercusiones sociales de los proyectos propuestos, asegurando que se consideren y protejan las comunidades locales y otros grupos afectados. Las empresas deben realizar este dictamen como parte del proceso de evaluación ambiental. Esto representa una nueva obligación que puede implicar costos adicionales y requerir la contratación de especialistas para llevar a cabo dicho análisis. Además, las conclusiones del dictamen pueden resultar en restricciones o modificaciones a los proyectos para mitigar impactos sociales negativos.
6.-Agua: Incluyen la implementación de normas más estrictas para la calidad del agua y la obligatoriedad de tratar las aguas residuales antes de su descarga, utilizando tecnologías avanzadas. Además, se promueve la reutilización de aguas tratadas, lo que puede requerir ajustes en los procesos industriales. También se prohíbe la “privatización” del agua bajo cualquier modalidad.
7.-Ley de Responsabilidad Ambiental de la Ciudad de México: Este nuevo marco legal se encarga de regular las responsabilidades derivadas de daños al medio ambiente y a la salud humana. Anteriormente, la responsabilidad ambiental estaba dispersa en varios artículos de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra de la Ciudad de México (dicha ley quedó abrogada). Con la nueva ley, se establecen procedimientos claros para la compensación y restauración de áreas afectadas, así como sanciones específicas para los infractores. Además, no solo busca reparar los daños ya causados, sino también prevenir futuras afectaciones al medio ambiente.
Conclusión
Las nuevas leyes ambientales en la Ciudad de México introducen nuevas obligaciones y restricciones para las empresas, consistentes en desarrollar prácticas más sostenibles y responsables en el desarrollo inmobiliario. La clave para los desarrolladores y constructores será adaptarse rápidamente a los nuevos requisitos y colaborar con las autoridades para asegurar el cumplimiento y la protección del medio ambiente.
